El millonario aparato de propaganda del Gobierno del Estado de San Luis Potosí ha sumado un nuevo y vergonzoso capítulo en su intento por maquillar la realidad de la seguridad pública. A través de la plataforma Badabun, conocida por recibir carretadas de recursos públicos para limpiar la imagen oficial, se difundió un video que pretende ensalzar la efectividad de las fuerzas estatales, pero que terminó por evidenciar una burda operación de plagio institucional.
El material audiovisual relata el oportuno auxilio a una mujer que era agredida por su presunta pareja en la vía pública. Con el característico tono melodramático de la plataforma, el narrador asegura de forma categórica que, tras una llamada al 911, elementos de la Guardia Civil Estatal arribaron al lugar en menos de tres minutos para rescatar a la víctima y detener al agresor. La narrativa oficialista buscaba vender el caso como un logro rotundo de la estrategia de seguridad del Ejecutivo.
Sin embargo, el montaje cayó por su propio peso debido a un descuido en la edición de las imágenes. Mientras la voz en off insistía en glorificar a la corporación estatal, las tomas del video mostraron una realidad completamente distinta: la patrulla y los elementos que atendieron la emergencia, sometieron al sospechoso y resguardaron a la víctima pertenecían a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de San Luis Potosí.
Este flagrante desfase entre lo que se dice y lo que se ve expone una práctica sistemática en la comunicación del Gobierno del Estado, donde se prefiere invertir en producciones externas antes que en la veracidad de los hechos. La urgencia por colgarse medallas ajenas llevó a los estrategas oficiales a ignorar que el mérito operativo correspondía a una instancia municipal, evidenciando una total falta de coordinación y un desprecio por el trabajo de otras corporaciones.
La difusión de este video no es un error aislado, sino una muestra del uso faccioso de los recursos públicos para construir una percepción de eficiencia que no se sostiene en las calles. Financiar con dinero de los potosinos contenidos que falsean la realidad para adjudicar logros ajenos a la Guardia Civil Estatal no solo es éticamente cuestionable, sino que confirma que, para la actual administración, la simulación mediática tiene prioridad sobre la transparencia y la verdadera justicia de género.
