El Gobierno del Estado de San Luis Potosí arrancó formalmente la construcción del nuevo puente vehicular en la Glorieta de la Familia sin contar con las autorizaciones y licencias correspondientes por parte del Ayuntamiento de la capital. La administración estatal inició los trabajos en el cruce de Circuito Potosí con la carretera a Guadalajara a pesar de carecer de los permisos obligatorios para intervenir la vía pública local, un hecho que evidencia la falta de coordinación institucional entre ambos niveles de gobierno.
El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó la ausencia de trámites legales aprobados para este proyecto y lamentó que no existiera comunicación previa por parte del Ejecutivo estatal, especialmente cuando inicialmente se había planteado ejecutar la obra de manera conjunta.
El alcalde capitalino señaló que esta situación no es un hecho aislado, sino una práctica recurrente en la infraestructura estatal, afirmando que proyectos de gran envergadura como la Arena Potosí y prácticamente la totalidad de las intervenciones del Gobierno del Estado en la capital se ejecutan omitiendo las solicitudes de licencias municipales.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona detalló que la obra representa una inversión superior a los 350 millones de pesos. El proyecto estatal contempla la edificación de un paso a desnivel diseñado para reducir en un 60 por ciento el flujo vehicular que converge en este sector, permitiendo una circulación continua entre Circuito Potosí y la carretera a Guadalajara. De acuerdo con el cronograma del Ejecutivo, los trabajos concluirán entre finales de diciembre y los primeros días de enero, con el objetivo de retirar los semáforos actuales y poner en operación el distribuidor vial a inicios de 2027.
La obra estatal también incluye la introducción de un colector pluvial con una inversión adicional de 80 millones de pesos. Esta infraestructura hidráulica, que medirá casi dos metros de ancho, se conectará con la zona de Villa Antigua para captar el agua de lluvia y mitigar las inundaciones recurrentes en la zona, las cuales el mandatario estatal atribuyó a deficiencias estructurales en el diseño original de la glorieta.
En contraste con la celeridad del proyecto estatal sin permisos, el Ayuntamiento denunció la parálisis de su propia agenda de infraestructura debido a bloqueos administrativos del estado. El alcalde Galindo Ceballos expuso que al menos 30 licitaciones municipales se encuentran detenidas por la Contraloría estatal, destacando el caso del paso a desnivel de El Saucito, cuyo expediente fue ingresado el 21 de marzo y sigue sin resolución a mediados de julio. Esta retención de avales impide al municipio ejercer un presupuesto de poco más de 600 millones de pesos destinados al desarrollo urbano.
La administración municipal calificó esta disparidad de criterios como un trato desigual que favorece las obras estatales sin regulaciones mientras frena la inversión local en el norte de la ciudad. Asimismo, la autoridad capitalina sugirió que el retraso en las autorizaciones para los proyectos del Ayuntamiento responde a una estrategia con intereses políticos con miras al proceso electoral de 2027.
