El debate legislativo para reestructurar los organismos de transparencia en San Luis Potosí sumó un rechazo tajante desde el ámbito civil. La organización Ciudadanos Observando se posicionó abiertamente en contra de las iniciativas que buscan reemplazar a la CEGAIP por el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental, al considerar que la reforma diluye la rendición de cuentas e impone un retroceso en el acceso a la información pública dentro del estado.
La agrupación ciudadana centró sus críticas en la naturaleza jurídica que tendría la nueva institución. Al plantearse como un órgano dependiente de la Contraloría General del Estado, el IPAG quedaría supeditado al control directo del Poder Ejecutivo, perdiendo la autonomía operativa e imparcialidad que se le exigen a los entes encargados de vigilar y garantizar los derechos informativos de la población.
El pronunciamiento apunta de forma directa hacia las propuestas presentadas por el legislador del Partido Verde Ecologista de México, Luis Felipe Castro Barrón, quien promueve un nuevo marco para la legislación de transparencia estatal y protección de datos. Según el colectivo observador, el paquete de iniciativas avanzó en la sede legislativa sin contemplar mecanismos reales de parlamento abierto para consultar a especialistas, sectores académicos ni a usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El reclamo de la organización añade presión a las comisiones del Congreso del Estado encargadas del dictamen. Para el sector civil, aprobar un esquema institucional subordinado al gobierno en turno vulnera la vigilancia de los recursos públicos y limita la participación ciudadana en la fiscalización de los poderes de la entidad.
