A partir del próximo mes de septiembre, la continuidad de 64 administradores de justicia en el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí entrará en un periodo de revisión decisivo. Las y los juzgadores tendrán que someterse a un proceso de control de conocimientos y desempeño donde el margen de tolerancia es estrecho, pues requerirán un puntaje mínimo de 8 para asegurar su puesto.
Esta prueba no es un trámite rutinario. La aplicación del examen estará a cargo del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo que emergió con la reestructuración constitucional para sustituir las funciones del antiguo Consejo de la Judicatura. Bajo este nuevo marco legal, obtener la acreditación correspondiente se convirtió en un requisito sin el cual resulta imposible mantener la titularidad en los juzgados.
La titular del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, Lourdes Anahí Martínez Zarazúa, ratificó el arranque inminente de los diagnósticos y enfatizó que el procedimiento responde estrictamente al mandato normativo vigente. El grupo sujeto a supervisión asumió sus responsabilidades mediante el primer certamen de elección popular para dichos cargos y acumula casi doce meses en activo, tiempo que ha significado una fase intensa de ajuste para la impartición de justicia local.
Durante el lapso en que se desarrollen las pruebas, la operatividad de los juzgados no se detendrá y el personal involucrado mantendrá sus actividades cotidianas de manera regular. Una vez que el Tribunal de Disciplina Judicial concluya la revisión de las evaluaciones, se determinará oficialmente quiénes poseen el perfil requerido para seguir en sus funciones y quiénes deberán dejar el encargo.
