La propuesta impulsada por el diputado del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, para exigir exámenes de control de confianza a quienes aspiren a cargos de elección popular, comenzó a generar críticas y preocupación entre autoridades electorales y legisladores de oposición, debido a posibles afectaciones a derechos político-electorales.
La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, advirtió que cualquier reforma electoral debe garantizar condiciones de igualdad y evitar restricciones que puedan afectar a sectores vulnerables, como personas indígenas, personas con discapacidad y otros grupos históricamente discriminados.
La iniciativa plantea que quienes busquen contender por cargos públicos, desde regidurías hasta la gubernatura, deban obtener una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática. Para ello, tendrían que someterse a evaluaciones psicológicas, pruebas poligráficas, exámenes médico-toxicológicos y análisis de entorno socioeconómico, realizados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Gobierno estatal.
Desde el Ceepac se señaló que existen criterios jurisdiccionales y antecedentes legales que obligan a revisar con cuidado cualquier requisito adicional para acceder a candidaturas, especialmente cuando podría convertirse en una barrera indirecta para ciertos sectores de la población.
La propuesta también encontró resistencia entre fuerzas políticas de oposición. El coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, sostuvo que el Congreso local debe evitar medidas arbitrarias y adelantó que su bancada trabaja en una iniciativa alterna enfocada en mecanismos de revisión de perfiles de aspirantes.
Por su parte, la diputada de Morena, Gabriela López, cuestionó que el Poder Ejecutivo tenga participación directa en evaluaciones para definir candidaturas, al considerar que ello convertiría al gobierno en “juez y parte” dentro de los procesos electorales.
La discusión sobre la llamada “Ley Serrano” se mantiene abierta en el Congreso local, mientras crecen las dudas sobre su viabilidad jurídica y el alcance que podría tener en los derechos de participación política.
