En una sesión acelerada (fast track) y marcada por reclamos desde las gradas, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este miércoles 12 de agosto una controversial reforma al artículo 122 BIS de la Constitución local. La modificación reduce al mínimo los controles y exigencias legales para encabezar la Fiscalía General del Estado (FGE), abriendo la puerta a que personas ajenas a la entidad asuman el cargo.
Con una votación de 17 votos a favor y 6 en contra, la mayoría integrada por los partidos Verde Ecologista (PVEM), Morena y del Trabajo (PT), junto con aliados, avaló eliminar la obligación de ser potosino por nacimiento para titularse en la procuración de justicia. Con el nuevo marco legal, bastará con poseer la nacionalidad mexicana y acreditar apenas dos años de residencia, en lugar de los cinco años de arraigo y la condición de origen que se requerían anteriormente.
Eliminación de candados y críticas de la oposición
La iniciativa, impulsada por la diputada Leticia Vázquez Hernández, quien estuvo ausente en la sesión, desvincula los requisitos del Fiscal General de aquellos exigidos para el Poder Judicial. Esta acción elimina los filtros de experiencia previa y conocimiento territorial que buscaban garantizar que el titular de la FGE comprendiera la dinámica delictiva y social del estado.
Sectores de la oposición advierten que este ajuste institucional permite la llegada de perfiles sin arraigo ni trayectoria probada en la entidad, abriendo la posibilidad de designaciones dictadas desde la Ciudad de México u otros estados, desconectadas de la crisis de seguridad que impacta a las cuatro regiones potosinas.
Manoseo legislativo y el blindaje a la fiscal actual
El proceso legislativo estuvo rodeado de inconsistencias técnicas en la redacción del dictamen. El texto original del 6 de agosto contenía un Artículo Tercer Transitorio diseñado para garantizar la permanencia de la actual fiscal, María Manuela García Cázares, hasta el año 2031. Dicho apartado fue retirado el 10 de agosto en medio de cuestionamientos, para luego ser reinsertado a última hora en la Gaceta Parlamentaria de la noche del lunes.
El resultado es un esquema normativo dual: mientras se flexibilizan y bajan los estándares normativos para futuros aspirantes, se mantiene blindada a la actual titular bajo el régimen previo, asegurando su permanencia hasta el 24 de mayo de 2031 sin la aplicación de los nuevos criterios.
Desglose de la votación en el Pleno
El bloque oficialista alcanzó la mayoría necesaria mediante la suma de bancadas afines y votos divididos de la oposición:
Siguiente paso: la ratificación en los municipios
Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen fue remitido a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí. Para que las modificaciones entren en vigor de manera formal, se requiere la aprobación de la mayoría calificada del Constituyente Permanente local, equivalente a por lo menos 30 cabildos municipales.
