A pesar de que la ley que justificó su encarcelamiento formalmente ya no existe, en los hechos el castigo continúa. Ere Aguillón y Alejandra Hermosillo fueron obligadas nuevamente a cumplir con la firma mensual ante los juzgados, un trámite de control administrativo que se mantiene vigente a pesar de la derogación de la «Ley Serrano» que le dio origen.
La continuidad de esta medida cautelar ocurre bajo la sombra del discurso oficial. Ruth González Silva negó públicamente haber actuado como la parte demandante en el proceso que derivó en la detención de ambas ciudadanas, una postura que contrasta con la persistencia del impulso procesal en los tribunales. La contradicción expone una simulación institucional donde el aparato del Estado opera en función de agendas de poder, sometiendo a las personas a procesos restrictivos sin sustento jurídico real.
Omisión judicial y debido proceso
La permanencia de estas restricciones procesales involucra directamente al Poder Judicial del Estado. El juez Francisco Pablo Alvarado ha omitido su responsabilidad de revocar de oficio las medidas impuestas a las imputadas, a pesar de la invalidez superveniente de la norma sobre la cual se estructuró la causa penal.
Al ignorar el deber constitucional de actualizar la situación jurídica de las procesadas frente a la derogación de la ley, el juzgador convalida la fabricación de un delito no cometido. Esta inacción no solo vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales de Ere Aguillón y Alejandra Hermosillo, sino que evidencia la subordinación de las decisiones jurisdiccionales ante los intereses de la administración estatal encabezada por Ricardo Gallardo.
A esta cadena de atropellos se suma la indiferencia absoluta del aparato público. Ninguna instancia —ni el Poder Legislativo que impulsó la norma, ni el Judicial que la ejecuta, ni la Fiscalía que estructuró el caso, y mucho menos el Ejecutivo estatal— ha mostrado disposición alguna para reconocer el abuso cometido ni para reparar el daño integral ocasionado a las afectadas. La negativa a asumir responsabilidades institucionales no solo perpetúa la impunidad, sino que confirma que en el estado la justicia es una estructura asimétrica orientada al castigo, jamás a la restitución del derecho lesionado.
