La propuesta para eliminar las disposiciones más cuestionadas de la «Ley Serrano» podría avanzar rápidamente hacia su dictaminación en comisiones si se consolida la voluntad política necesaria entre las fuerzas parlamentarias. La promotora de la iniciativa, la diputada de Morena Gabriela López Torres, argumentó que su planteamiento atiende de forma directa las demandas de colectivos civiles y periodistas, quienes advierten que la actual normativa vulnera derechos fundamentales debido a su redacción imprecisa.
El proyecto legislativo no contempla reescribir la ley ni estructurar una nueva figura delictiva, sino suspender provisionalmente los apartados aprobados mediante una derogación formal. Con esta medida se busca proteger las garantías individuales mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúa y resuelve las acciones de inconstitucionalidad que ya se interpusieron en contra de dicho marco legal.
López Torres defendió que el derecho penal debe consolidarse como la última instancia de intervención del Estado y no como una herramienta de primera línea. La congresista alertó que conceptos vigentes en la ley, tales como «crear alerta social», resultan peligrosamente ambiguos y abren la puerta a interpretaciones subjetivas que ponen en riesgo el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, por lo que urgió a un análisis técnico profundo en lugar de bloqueos unilaterales.
En el terreno político interno, la legisladora aseguró contar con el respaldo y la libertad de criterio de su bancada para abrir la discusión parlamentaria. Por último, criticó el tratamiento institucional otorgado a la propuesta ciudadana impulsada por la organización Artículo 19, lamentando que la Mesa Directiva la haya relegado al estatus de simple correspondencia en lugar de turnarla de manera formal a las comisiones dictaminadoras para su debate obligatorio.
