La senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona figura como la presunta denunciante en el caso que mantiene bajo proceso a varios comunicadores locales. Anahí Torres González, creadora de contenido digital que tramitó un amparo para evitar su detención, afirmó que Ruth González Silva promovió la demanda legal que originó el arresto de tres periodistas y la emisión de órdenes de aprehensión contra otros ocho profesionales de los medios en San Luis Potosí.
El avance de los procesos judiciales ocurre bajo un estricto hermetismo institucional debido a la reserva de la identidad de la parte afectada. La Fiscalía General del Estado mantiene la carpeta de investigación bajo secreto, pero testigos de las audiencias confirmaron que la legisladora oficialista inició los procedimientos penales que obstaculizan el acceso de los acusados a los detalles específicos de las imputaciones en su contra.
La ofensiva judicial contra los reporteros y creadores de contenido provocó la reacción de agrupaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Más de una decena de organizaciones, entre ellas Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, exigieron frenar la criminalización de la prensa tras denunciar que las autoridades estatales ejercen un uso arbitrario del derecho penal mediante las recientes reformas informáticas.
El marco legal utilizado para fundamentar las detenciones genera controversia por su impacto en la libertad de expresión. La legislación local aprobada en noviembre pasado sanciona penalmente la manipulación digital de imágenes o voces con herramientas automatizadas, pero los especialistas critican la ambigüedad de la ley sobre Inteligencia Artificial debido a que carece de criterios claros de aplicación, convirtiéndose en una herramienta de hostigamiento contra las voces críticas mientras prevalece la impunidad para los medios afines al gobierno.
