Durante la mesa de diálogo sostenida entre trabajadores del Hospital Central, la directiva del nosocomio y representantes de la administración estatal, el personal de salud colocó en el centro del reclamo un pasivo financiero acumulado que mantiene el Gobierno del Estado con el fideicomiso destinado a su retiro. De acuerdo con los testimonios expuestos por la base sindical, el adeudo oficial asciende a 25 millones de pesos y se ha venido arrastrando desde hace casi ocho años sin una resolución efectiva.
Las trabajadoras inconformes señalaron que este fondo se nutrió directamente con aportaciones y esquemas de préstamos de la propia base laboral con el objetivo específico de garantizar un retiro digno. Sin embargo, acusaron que el recurso permanece inaccesible desde hace dos años debido a trabas administrativas, falta de acuerdos institucionales y demoras en las firmas correspondientes por parte de las autoridades competentes, situación que ha dejado desprotegidos a empleados con más de tres décadas de servicio que recientemente pasaron a la jubilación.
En el intercambio, los trabajadores subrayaron que no se trata de una solicitud de apoyos extraordinarios ni de dádivas presupuestales, sino de la liberación de recursos que legalmente pertenecen al patrimonio de los agremiados. Afirmaron que el freno al fondo se suma a rezagos en la liquidación oportuna de finiquitos y primas de antigüedad, lo que obliga a los trabajadores retirados a culminar su ciclo laboral sin la certeza económica que por derecho les corresponde.
Ante la exigencia, la dirección general del Hospital Central se deslindó de la administración directa del instrumento financiero, señalando que la operación y dispersión dependen de instancias externas al nosocomio, aunque reconoció haber brindado respaldo en las gestiones previas para destrabar el expediente. Por su parte, la representación sindical precisó que ya se han sostenido acercamientos formales para atender el tema por una vía administrativa independiente.
Pese a la gravedad de los testimonios, el funcionario estatal argumentó de inmediato que el fideicomiso requería una atención por separado y cuestionó abiertamente que se discutiera frente a la prensa, calificando la exigencia como una necesidad particular sujeta a revisión administrativa. La reacción de las trabajadoras fue tajante al aclarar que no se trata de pedir favores al gobierno, sino de exigir la restitución y liberación de un patrimonio que les pertenece por derecho laboral y que la administración mantiene retenido.
