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Artículo 19 exige transparentar el acuerdo legal en caso de periodistas detenidas en San Luis Potosí

La organización Artículo 19 cuestiona las condiciones de liberación de las periodistas detenidas en San Luis Potosí y alerta sobre el uso desproporcionado de leyes de inteligencia artificial contra la prensa.

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La organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, solicitó un esclarecimiento público sobre los términos y las condiciones bajo las cuales se otorgó la libertad a dos periodistas en San Luis Potosí. El director ejecutivo de la organización, Leopoldo Maldonado, señaló la necesidad de conocer detalladamente el esquema de reparación del daño que recibirá la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González, luego de que las comunicadoras supuestamente aceptaran su responsabilidad para dar fin a su reclusión.

El conflicto legal se originó tras la denuncia interpuesta por la senadora y esposa del mandatario estatal, Ricardo Gallardo. La legisladora promovió acciones legales argumentando afectaciones a su imagen personal debido a la divulgación de una fotografía donde aparecía junto a Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa. Dicha acusación se sustentó en las modificaciones vigentes del Código Penal de la entidad, las cuales tipifican como delito con penas de uno a seis años de cárcel la producción o divulgación no consentida de material digital, abarcando de forma explícita el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial.

A pesar de que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la liberación de Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo tras permanecer quince días en prisión preventiva, el representante de Artículo 19 calificó la reclusión previa como una medida cautelar excesiva. Maldonado advirtió sobre la complejidad y el riesgo institucional que representa el hecho de que la parte denunciante sea una figura con alta influencia política, lo que transforma una disputa de derechos individuales en un asunto de indudable interés para la opinión pública.

Mientras tanto, el proceso legal mantiene bajo arresto a un tercer implicado, identificado como Christian Herrera, quien enfrenta cargos similares vinculados a la distribución de contenidos generados mediante tecnologías de IA.

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