El Ayuntamiento de Tampamolón Corona aseguró que el conflicto legal por el predio de La Peña involucra únicamente a dos familias asentadas en un terreno de diez hectáreas y rechazó que el procedimiento judicial afectara a las cerca de cien familias tének y nahua que denunciaron un desalojo el pasado 9 de junio.
Durante una conferencia de prensa, la administración encabezada por la alcaldesa Silvia Medina Burgaña afirmó que el litigio corresponde exclusivamente al predio donado al municipio y no a las aproximadamente 200 hectáreas que, según los habitantes, han ocupado durante más de 30 años.
La secretaria general del Ayuntamiento, Elizabeth Hernández Santos, pidió a la ciudadanía revisar los documentos oficiales y las actuaciones de las autoridades competentes para analizar el caso con objetividad. También aseguró que la administración municipal toma sus decisiones sin responder a intereses personales ni a presiones externas.
La síndico Fede Sarayí Hernández Heraldo presentó la versión oficial sobre el origen del conflicto. Explicó que en 2022 el Ayuntamiento inició trabajos de desmonte en un predio de diez hectáreas con autorización del propietario Alfredo Gómez Zapata y sostuvo que únicamente dos familias, integradas por siete u ocho personas, habitaban ese terreno.
La funcionaria informó que Alfredo Gómez Zapata donó formalmente el predio al Ayuntamiento el 12 de marzo mediante escritura pública otorgada por una notaría de Ciudad Valles.
Además, la síndico señaló que entre 30 y 40 habitantes ingresaron al predio el 20 de marzo e instalaron un plantón, por lo que el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, un juez de control ordenó la restitución del inmueble a favor del municipio y las autoridades ejecutaron la diligencia el 9 de junio.
La funcionaria también explicó que una familia promovió un juicio de amparo y obtuvo una suspensión provisional, por lo que las autoridades restituyeron el predio el pasado 7 de julio mientras continúa el proceso judicial. Añadió que el Ayuntamiento ofreció escriturar el terreno donde habitan esas dos familias mediante un programa estatal de vivienda.
Los habitantes de La Peña contradicen la versión del Ayuntamiento. Ellos sostienen que el operativo del 9 de junio involucró a elementos de la Guardia Civil Estatal, de la Policía Ministerial y a civiles sin identificación, quienes desalojaron a alrededor de cien familias tének asentadas en aproximadamente 200 hectáreas desde hace más de tres décadas.
Los pobladores denunciaron que los participantes del operativo agredieron a hombres, mujeres, personas adultas mayores, menores de edad y personas con discapacidad. También aseguraron que las autoridades detuvieron a nueve personas y que seis permanecieron desaparecidas durante varios días.
La CIOAC también cuestionó la versión del Ayuntamiento sobre el origen de la propiedad. Mientras el gobierno municipal sostiene que Alfredo Gómez Zapata donó el terreno, la organización afirma que el exdiputado José Antonio Zapata Meraz mantiene una escritura de compraventa sobre el predio sin haber ejercido su posesión. Además, la organización aseguró que el Ayuntamiento contaba con otros terrenos para desarrollar el proyecto habitacional.
Durante la conferencia, la alcaldesa Silvia Medina Burgaña negó que el operativo afectara a cien familias o destruyera viviendas, un templo y una escuela. Sin embargo, reconoció que la colonia La Peña cuenta con alrededor de cien viviendas, aunque insistió en que esa zona no forma parte del litigio y que el Ayuntamiento ha realizado obras de pavimentación, agua potable y electrificación.
La presidenta municipal agregó que alrededor de 80 familias tének y náhuatl habitan en una colonia contigua, donde actualmente avanza un proceso de regularización y un programa de vivienda.
El Observatorio Indígena Mesoamericano calificó el operativo como un desalojo violento contra alrededor de cien familias indígenas. Por su parte, el representante tének ante el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Rafael Reyes Martínez, solicitó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas brindar asesoría jurídica a los detenidos y sostuvo que la comunidad puede acreditar la posesión del predio mediante la figura de la prescripción positiva.
El Ayuntamiento insistió en que únicamente cumplió resoluciones judiciales y negó tener facultades para ordenar desalojos. No obstante, habitantes de La Peña denunciaron que la policía municipal mantiene rondines constantes y actos de hostigamiento en la zona incluso después de la restitución del predio ordenada el 7 de julio.
El litigio por el predio de La Peña continúa sin una resolución definitiva. Mientras el Ayuntamiento sostiene que la disputa involucra solo a dos familias en diez hectáreas, las comunidades indígenas, la CIOAC y organizaciones defensoras de derechos indígenas mantienen que el operativo del 9 de junio afectó a alrededor de cien familias asentadas en aproximadamente 200 hectáreas. El Poder Judicial definirá el futuro legal del predio.
