La organización defensora de derechos humanos Article 19 señaló que la exposición de comunicadores y analistas desde plataformas gubernamentales vulnera los estándares internacionales de libertad de expresión y debilita las condiciones para el ejercicio periodístico en el país. El pronunciamiento surge tras la presentación de un informe oficial que catalogó a diversos perfiles críticos como integrantes de una presunta estructura digital coordinada.
La titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Luisa María Alcalde Luján, expuso el reporte durante la sección «Derecho de Réplica». Dicho ejercicio dividió a comunicadores, figuras de oposición y cuentas de redes sociales en cuatro niveles operativos, bajo el argumento de que existía una articulación premeditada para amplificar narrativas contra el gobierno. Sin embargo, la exposición pública no incluyó detalles técnicos ni la metodología empleada para sustentar tales afirmaciones.
De acuerdo con Article 19, calificar la difusión de posturas críticas como actividades «inorgánicas» carece de sustento comprobable y fomenta campañas de hostigamiento digital. La organización documentó que, tras la difusión del informe, se incrementaron los mensajes intimidatorios y descalificaciones directas hacia los comunicadores señalados, una dinámica que impacta de forma diferenciada a las mujeres periodistas mediante agresiones con componentes sexistas, como ocurrió en el caso de Carmen Aristegui.
El organismo recordó que los estándares del sistema interamericano de derechos humanos obligan al Estado a mantener una postura neutral frente al debate público y a preservar una mayor tolerancia ante el escrutinio social. La utilización de recursos institucionales para vigilar, clasificar y desacreditar opiniones de interés público no corresponde a los mecanismos legítimos para atender la desinformación, los cuales deben centrarse en la transparencia activa y el fortalecimiento informativo.
Asimismo, la organización puntualizó que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal delimita las funciones de la CJEF a la asesoría y soporte técnico-jurídico del Ejecutivo, por lo que el seguimiento y calificación del debate ciudadano en plataformas digitales excede sus facultades normativas y genera un precedente de inhibición para la deliberación democrática.
